¿qué ocurre cuando una nueva pareja entra en el domicilio conyugal?

Ya a finales del año 2018, la STS del Pleno de la Sala de lo Civil de 20 de noviembre de 2018 supuso un punto y aparte en la situación de convivencia de una nueva pareja en lo que era el hogar conyugal, por lo que se producía la extinción del uso de la vivienda familiar para uno de los cónyuges.

Hasta el año pasado, los juzgados de familia y tribunales se negaban escudándose en el menor/hijo común y no se consideraba como causa de extinción, limitándose a modificar, a solicitud de una de las partes, la rebaja en la cuantía de las pensiones alimenticia o compensatoria, al tener en cuenta la nueva entrada de ingresos debido a esa tercera persona.

Pues bien, de nuevo el Tribunal Supremo se ha pronunciado en un caso de modificación de medidas donde se discutía la misma cuestión. Se trata de la STS de 29 de octubre 2019, Nº. 568/2019, (Ponente: Arroyo Fiestas, Francisco Javier) por lo que reitera la posición, constituyéndose a mi modo, en JURISPRUDENCIA PACÍFICA, y que no puede ser obviada por ningún el juzgador, pues le da la razón al recurrente (ex marido), condenando a la esposa a desalojar la casa en el plazo determinado.

 

LA HISTORIA PROCESAL.

La solicitud de la extinción había sido denegada en el Juzgado (Nº 9 de Oviedo) y en la Audiencia Provincial Asturias.

El hombre había planteado demanda de modificación de medidas, sostenía que las circunstancias que habían sido tenidas en cuenta para la atribución del uso de la vivienda a la madre junto a la hija menor que tenían en común, habían variado sustancialmente (condición importante esencial en las Mod. de Medidas) drásticamente.

Se probó en la vista, que la mujer se hallaba conviviendo, en relación de afectividad análoga al matrimonio con una nueva pareja, por lo que había perdido el carácter de de vivienda familiar. A mayores subsidiariamente, pidió una rebaja en la pensión de alimentos que debía abonar a la hija menor.

El JUZGADO estimó parcialmente la demanda, en lo referido a los Alimentos que fueron rebajados. Luego en Apelación, la Audiencia Provincial  (SAP Asturias de 16 enero 2019) estimó parcialmente el recurso, y vuelve a  rebajar de nuevo la pensión alimenticia.

La madre y ex esposa había indicado durante todo el procedimiento que la atribución del uso se hizo de común acuerdo, sin nada más, de ahí que se entendía que no existían ningún tipo de limitación.

La AUDIENCIA PROVINCIAL, respecto a la solicitud de extinción del uso de la vivienda en favor de la ex cónyuge, indica que, aunque se acreditó la convivencia de esposa con una nueva pareja, no procedía la desafectación de la vivienda, ni tampoco limitar temporalmente su uso, ya que aun conociendo la sentencia del Supremo dictada por el Pleno en 2018, la atribución de la casa se hacía a beneficio del menor, que no podía verse privado del uso por el hecho de que la madre rehiciera su vida con una nueva pareja.

 

El TS, en su Sala de lo civil estima el recurso de casación interpuesto por el esposo, aplicando la doctrina contenida en la ya citada sentencia del pleno de 2018. Recuerda que es un hecho probado la convivencia de la madre en la casa con una tercera persona, en relación estable de pareja, y entiende, al igual que hizo en 2018 que:

  • El derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que concurren en el caso. Por ello, se confiere y mantiene en tanto que conserve este carácter familiar. La vivienda sobre la que se establece el uso, es aquella en que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia, y en este caso dicho carácter ha desaparecido debido a la introducción en ella de una tercera persona.

  • Sobre los derechos de los hijos (menores), considera que esta medida no le priva de su derecho a una vivienda ni cambia la custodia, añadiendo que la atribución del uso a los hijos menores y al progenitor custodio se produce para salvaguardar los derechos de aquellos.

En consecuencia el TS, deja sin efecto la atribución del uso que fue otorgado a favor de la hija y la madre custodia, considerando un tiempo prudencial el de un año con el fin de que desalojen la vivienda. Asimismo, cuando se produzca este, volverá a subir la pensión alimenticia.

Como siempre he sostenido, es mejor arrendarla a espera de Liquidar la Sociedad de Gananciales, y que se repartan ambos los ingresos y los gastos de la vivienda.

 

LEY QUE PERMITIRÁ LOS DESAHUCIOS EXPRÉS PARA DESALOJAR A LOS OKUPAS ILEGALES

Buenos días,

Hoy (martes, 12 de junio) se ha publicado en el BOE, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con relación a la ocupación ilegal de viviendas, la reforma de la ley (LEC), que permite “los desahucios exprés” y lanzamiento de okupas, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación.

La medida, aprobada en competencia legislativa plena, supone una reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada. Con este cambio normativo, se aceleran los plazos para echar a los tenedores u okupas ilegales de inmuebles. Hasta ahora, podía alargarse hasta dos años con recursos e iniciativas, en cambio, ahora se podrá culminar el desahucio en dos meses.

 

¿Quién se puede acoger?

La ley deja fuera a las entidades financieras, promotoras y fondos buitre de esta posibilidad; Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, ex art. 250.1.4 LEC.

 

¿Cómo se hará la notificación? Art. 441 LEC

La notificación se hará a quien se encuentre habitando aquélla. Se podrá hacer además a los ignorados ocupantes de la vivienda. A efectos de proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad.

 

¿Qué ocurre si hay hijos o personas con necesidades especiales?

Se recabará a los órganos de política social por si procediera su actuación, necesario consentimiento expreso de los interesados.

“Simultáneamente, los poderes públicos deben garantizar la protección al derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social”, admite la misma reforma. Por ello, reza que la Administración tiene que asegurar “un parque de vivienda social que permita atender de manera rápida, ágil y eficaz las necesidades de las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial”.

 

Plazo de 5 días, desde la interposición de la demanda. En esa demanda se puede pedir la entrega del bien, ahí el juzgado con el decreto de admisión de la demanda,  requerirá al demandado un título justificativo de la posesión (Cto. de arrendamiento, o un Comodato), en el caso de no haberlo, se dictaría AUTO (sin posibilidad de recurso) y entrega de la vivienda al propietario. Todo ello, sin perjuicio de requerir los servicios sociales.

La reforma de la ley compromete a los poderes públicos a “garantizar la protección al derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social”

Se recalca que “la okupación ilegal no puede ser una forma establecida y tolerada de acceso a la posesión de una vivienda, no puede ser tampoco la vía de acceso al derecho constitucional a una vivienda”. En este sentido, la reforma legal quiere incluir la posibilidad de interponer un juicio verbal rápido y eficaz para recuperar la posesión de una vivienda ocupada ilegalmente.

Veremos cómo se aplica en la práctica de los juzgados y los problemas sociales (si los hay).

un saludo!!

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