¿Te han llamado para una mesa electoral?

Este año 2019, que sepamos, tenemos doble cita con las urnas; El próximo domingo 28 de abril elecciones generales al Congreso y Senado, y el domingo 26 de mayo, tocan las del Parlamento Europeo, algunas Autonómicas y Municipales.

Pues si es así, tienes que tener en cuenta…

Según el artículo 27 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, los cargos de Presidente y Vocal son obligatorios, excepto para las personas que se presenten como candidatos. Los suplentes deben acudir necesariamente a la hora en que son convocados, aunque luego se marchen.

Se produce un SORTEO, entre el censo de esa mesa electoral, a los elegidos se le notificará en un plazo de 3 días, disponiendo de un plazo de 7 días para alegar ante la Junta Electoral de Zona, en Pontevedra (hay en los Juzgados de Cambados, A Estrada, Lalín, Ponteareas, Pontevedra, Tui y Vigo) la causa justificada y documentada por la que se pretenda no aceptar el cargo.

Sobre esta causa, se decidirá en 5 días, si es aceptada se comunicará la sustitución producida al primer suplente. Si la Junta resuelve que No existe causa justificada, hay que ir el día señalado (no hay recurso ordinario, sí Contencioso Administrativo). Por enfermedad o causa repentina, hay posibilidad de excusarse, lo cual se comunicará inmediatamente a la Junta Electoral de Zona.

Causas justificadas para no acudir; hay causas personales, causas familiares y causas profesionales, aunque no es una lista cerrada:

  • Ser mayor de 65 años presentando su renuncia.
  • La situación de discapacidad declarada.
  • Ser pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.
  • La situación de incapacidad temporal para el trabajo acreditada mediante la correspondiente baja médica.
  • La gestación a partir de los seis meses de embarazo.
  • El internamiento en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos, lo que se acreditará mediante certificación de los responsables de los mismos.
  • Haber formado parte de una Mesa electoral con anterioridad, al menos en tres ocasiones en los últimos diez años.
  • La víctima de un delito, por sentencia o instrucción, con una resolución judicial en que se imponga una pena o medida cautelar de prohibición de aproximación, cuando el condenado/a o investigado/a sea vecino de esa mesa o colegio electoral.

Causas personales.

  • La lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica que, aunque no haya dado lugar a una declaración de incapacidad para el trabajo, impida ejercer las funciones de miembro de una mesa electoral.
  • La situación de riesgo durante el embarazo durante los primeros seis meses del mismo.
  • La previsión de intervención quirúrgica o de pruebas clínicas relevantes en el día de la votación, en los días inmediatamente anteriores, o en el día siguiente a aquélla, siempre que resulten inaplazables.
  • La pertenencia a confesiones o comunidades religiosas en las que el ideario o el régimen de clausura resulten incompatibles con la participación en una mesa electoral.
  • El cambio de la residencia habitual a un lugar situado en otra Comunidad Autónoma.

Causas sobre responsabilidades familiares.

  • Ser madre durante el período de lactancia natural o artificial, hasta que el bebé cumpla nueve meses.
  • El cuidado directo y continuo, por razones de guarda legal, de menores de ocho años o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.
  • El cuidado directo y continuo de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo.
  • La concurrencia el día de la elección de eventos familiares de especial relevancia, que resulten inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes, siempre que el interesado sea el protagonista o guarde con éste una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad.
  • La condición de madre o padre de menores de catorce años, cuando se acredite que el otro progenitor no puede ocuparse del menor durante la jornada electoral, careciendo además el interesado de ascendientes o de otros hijos mayores que puedan hacerlo.

Causas sobre responsabilidades profesionales

  • Quienes durante el día de la votación deban prestar sus servicios a las Juntas Electorales, a los Juzgados y a las Administraciones Públicas que tengan encomendadas funciones electorales.
  • Quienes deban prestar durante la jornada electoral servicios esenciales de la comunidad de importancia vital, como los de carácter médico, sanitario, de protección civil, bomberos, etcétera.
  • Los directores de medios de comunicación de información general y los jefes de los servicios informativos que deban cubrir la jornada electoral.
  • Los profesionales que deban participar en acontecimientos públicos a celebrar el día de la votación.

Y, ¿te pagan?

Los miembros de la mesa recibirán la paga aunque no realicen la jornada completa, es decir, aunque un suplente se incorpore al final de la jornada. Las dietas están exentas de retenciones por parte de la Agencia Tributaria, por lo que recibirán los 65 euros netos (año 2019). Asimismo, estarán protegidos por el sistema de la Seguridad Social frente a las contingencias y situaciones que pudieran derivarse de su participación en las elecciones.

¿Qué ocurre si no vamos o hacemos caso omiso?

Es un DELITO, tipificado en el art.143 CP. indica que si el Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales, así como sus respectivos suplentes no acuden a desempeñar las funciones encomendadas, las abandonan sin causa legítima o incumplan sin causa justificada incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

Sinceramente su existencia es rara, y podemos decir que más bien lasa su aplicación, pues no suele haber condenas, porque exige la comisión DOLOSA, y si las hay aplican atenuantes de dilaciones. Aunque para qué exponerse, si hay tantas posibilidades de encauzar la NO ASISTENCIA.

El Tribunal Supremo se abre a aceptar como causa de extinción de la pensión de alimentos, la falta de relación manifiesta con el progenitor siempre que sea exclusivamente imputable al hijo mayor de edad.

 (STS 104/2019, de 19 febrero)

 

Estamos ante un procedimiento de modificación de medidas a instancia del padre, se solicitaba la extinción de la pensión alimenticia de los dos hijos mayores de edad (25 y 20 años respectivamente) por tres razones:

  • por disminución de la capacidad económica;
  • por falta de aprovechamiento en los estudios;
  • por nula relación personal del alimentante con el alimentado

1ª Instancia, la sentencia rechaza las dos primeras razones (que por otro lado son las típicas en estos casos) para la extinción de la obligación de prestar alimentos. en cambio, sí acoge la última tras declarar el total desapego de los hijos con el padre, con el que no hablan y al que no ven desde bastantes años, sin interés alguno en hacerlo.

Esta sentencia, dispone que siendo la negativa a relacionarse con el padre una decisión libre que parte de los hijos mayores de edad, se considera impropio que subsista la pensión a favor de los alimentistas por cuanto que se estaría propiciando una suerte de enriquecimiento injusto a costa de un padre al que no quieren ver, ni saber de él.

2ª Instancia, Recurso de Apelación. Convalida la sentencia desestimando el recurso.

3ª Instancia; A continuación, recurrió ante el Tribunal Supremo alegando interés casacional que, fue apreciado por la Sala a efectos de fijar jurisprudencia sobre la materia.

El Tribunal Supremo acude, en sus razonamientos, para finalmente estimar el recurso y mantener la obligación de pago de la pensión alimenticia, al hecho de que la extinción de la obligación de tal obligación está relacionada con la concurrencia de causa de desheredación (artículo 152.4º). Afirma que la cuestión a resolver es si la conducta que tenga un hijo mayor de edad hacia su progenitor puede, en función de su intensidad, amparar que se extinga la pensión alimenticia que recibe de él, o ha de seguir manteniéndose ésta. Si la causa es una de las previstas para la desheredación no cabe duda de que se extingue la obligación, por aplicación del artículo 152.4.º CC, en relación con el artículo 853.2.º CC.

Dispone el TS, para apreciar si existe causa de extinción de la pensión la prueba de que la falta de relación manifiesta entre padre e hijos, sobre la que no existe duda, era de modo principal y relevante imputable a éstos. Considera que no se ha establecido así en la sentencia recurrida y, en consecuencia, casa dicha sentencia y mantiene la obligación del pago de la pensión. Por ende, de forma principal y relevante, imputable al hijo. Y la interpretación será restrictiva y la prueba rigurosa.

Lo relevante de esta sentencia, tal y como avancé es que, se abre la posibilidad de que, si se acredita que el desapego de los hijos es imputable exclusivamente y sólo a estos, se puede proceder a la extinción de la obligación alimenticia.

Por último, no olvidemos que en caso de hijos mayores hay que tener presente el art. 149 CC, según el cual el alimentante puede satisfacerlos, a su elección pagando la pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. De ahí que, si ejerce dicha opción, será el alimentado, el que tiene carga probatoria acerca del hecho de que la convivencia no sería posible por causas imputables al progenitor.

Aun así, la sentencia nos deja, siempre según mi opinión;

Una interpretación muy abusiva del art. 93 CC ya que permite que se continúen prestando alimentos a través del otro cónyuge a hijos mayores de edad respecto de los que se acordó el pago de pensión (cuando aún eran menores). Y no se habla, de que los alimentos tendrían que recibirlos directamente el hijo mayor de edad.

Cuando queden acreditadas las causas de la falta de relación, es claro que -al menos en las instancias- la carga de la prueba sobre la realidad de dichas causas ha de recaer sobre los hijos, que son los que se niegan a ver al padre, aunque para asegurarse de la estimación de la demanda, tiene que hacerlo el que pretende la extinción.

Si bien se abre una puerta, la prueba será esencial, incluso me atrevo a decir difícil de probar, esa falta de trato por culpa exclusiva del alimentado.

un saludo,

 

REFORMAS para el AÑO 2019 en Ley de Propiedad Horizontal, Ley de Arrendamientos Urbanos Y Ley Enjuiciamiento Civil.

Estimados,

El pasado día 18 de diciembre de 2018, el BOE publicó el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, con entrada al día siguiente de su publicación.

A continuación, voy a resumir las principales novedades, vía esquemática y por artículos que principalmente afectan a la LPH, LAU, a la LEC.

 

LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Art. 9.1 f). Se obliga a participar en la realización de las obras de accesibilidad recogidas en el art. 10.1 b) y se obliga a la Comunidad a tener un FONDO DE RESERVA nunca inferior al 10 % del último presupuesto ordinario.

Art 10.1 b. Se reitera la obligación de realizar obras de accesibilidad universal, cuando las ayudas públicas a las que la Comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.

Art. 17.12. PROHIBICIÓN, pues establece que se puede prohibir utilizar las viviendas como arrendamiento “turístico” mediante acuerdo de las 3/5 partes de propietarios y cuotas, NO con efectos retroactivos, misma mayoría será la requerida para la creación de cuotas adicionales que no suponga un incremento del 20 %.

 

LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

  1. Ámbito de la ley

Art. 4.2. Se mantiene la aplicación obligada de la propia LAU y, en su caso, de forma complementaria, el Código Civil, pero se hace una EXCEPCIÓN en los arrendamientos de vivienda con superficie superior a 300 m2, donde prima la voluntad de las partes y, sólo en su defecto, la LAU o el CC.

Art. 5 e). Serán turísticos todos los alquileres, con independencia de los canales de comercialización y promoción, sometidos a la normativa sectorial turística.

 

  1. Duración del contrato

Art. 9.1. Se vuelve a la duración mínima de cinco años cuando el arrendador sea persona física, con la novedad de que serán siete si es persona jurídica. Las renovaciones serán anuales y hasta dicho plazo, salvo que el arrendatario manifieste no renovar.

Art. 9.3. Para que el arrendador pueda pedir la vivienda por necesidades de la familia, tendrá que hacerlo con dos meses de antelación. Novedad, que, si se produce la salida, y luego de tres meses sin ocupar, se repondrá al anterior arrendatario por un nuevo período máximo, con derecho a solicitar indemnización por los daños causados o una mensualidad por cada año que quedará de cumplir.

Art. 10.1. La renovación del contrato por falta de notificación con una antelación mínima por el arrendador de 30 días será por tres años más. Esto beneficiará a los arrendatarios de grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Art. 16.4. Posibilidad de pacto de subrogación en caso de fallecimiento del arrendatario. Si el contrato de arrendamiento es superior a cinco o siete años, (dependiendo si persona física o jurídica), se podrá pactar que, en caso de fallecimiento del arrendatario, la subrogación sea solo por dicho plazo mínimo, pues, en otro caso, tendrá lugar por el período del arrendamiento que hayan fijado las partes.

 

  1. Renta o Pago del alquiler

Art.17. La renta sigue siendo libre.

Art. 18.1. La revisión de la renta será la que establezcan las partes. Puede no existir. En caso de renta reducida, no podrá ser más que el IPC.

Art. 19.1. No hay derecho a elevación de renta por obras de mejora de la vivienda en los primeros cinco o siete años. Solamente en el caso de que el contrato sea de plazo mayor se podrá incrementa. Ojo, nunca más del 20 % de la renta.

Art. 19.2. La mejora sobre elementos comunes de edificios en régimen de propiedad horizontal, solo se puede repercutir lo que le corresponda al propietario.

Art. 19.3. La repercusión tendrá lugar desde el mes siguiente que se notifique por el arrendador, con detalle y aportando documentos.

Esto sin perjuicio del acuerdo de las partes.

Art. 20.1 y 2. Las partes podrán pactar que los gastos generales del inmueble, incluso en fincas en régimen de propiedad horizontal, sean por cuenta del arrendatario.

Y los gastos de gestión inmobiliaria y del contrato serán siempre a cuenta del arrendador si este es persona jurídica, salvo que el arrendamiento lo sea por iniciativa directa del arrendatario.

 

  1. Derechos de las partes

Art. 25.7. VENTA CONJUNTA DE VIVIENDAS. Se crea la capacidad de ejercer el derecho de adquisición preferente de las administraciones públicas en los casos de venta total de la vivienda.

 

  1. Fianza

Art. 36.1. Se mantiene el derecho de exigir una mensualidad de fianza en arrendamiento de vivienda y dos en uso distinto.

Art. 36.2. Durante la duración obligada del contrato, de cinco o siete años (dependiendo si el arrendador es persona física o jurídica), no habrá actualización de la fianza, pero sí en los supuestos de prórroga en el caso de que haya pacto entre las partes.

Art. 36.3. Cuando el arrendamiento exceda de cinco o siete años, la revisión de la fianza se regirá por lo estipulado por las partes al respecto. En caso falta de pacto, en la misma proporción que la actualización de la renta.

Art. 36.4 La fianza será devuelta en el plazo máximo de un mes desde la entrega de llaves; en otro caso, devengará el interés legal.

Art. 36.5. Se permite cualquier garantía complementaria que no sea en metálico. En los arrendamientos de vivienda (de cinco o siete años de duración), el valor no podrá exceder de dos mensualidades de renta.

Disposición Transitoria Primera del RDL. Los contratos de arrendamiento anteriores, se le aplica la LAU anterior.

 

Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000

Art. 441.1 ter. En el requerimiento de pago se informará al arrendatario de la posibilidad de acudir a los servicios sociales, que podrá actuar, incluso pedir la suspensión del proceso durante un mes o dos, según sea el arrendador persona física o jurídica.

Art. 549.4. Cuando se trate de VIVIENDA HABITUAL, con carácter previo al lanzamiento, deberá haberse procedido en los términos del artículo 441 LEC

Art. 686.1. A efectos de notificación, se remite a las indicaciones del art. 441.1 ter.

 

Un saludo,